La responsabilidad política de las concejalas del PP de Contratación y Bienestar Social, Eva Pajares y Paula Conesa, que propiciaron la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio en 2012 a una empresa determinada debe ser su dimisión de los cargos que ocupan.
El Grupo Municipal Socialista recuerda al PP que los tribunales consideran que la mesa que propuso la adjudicación del servicio de Ayuda a Domicilio en 2012, gestionada por sus delegadas de Contratación y Asuntos Sociales, quebrantó el principio de igualdad que debía presidir el procedimiento de contratación.
“Las sentencias no dejan lugar a dudas. El PP favoreció a una determinada empresa, dándole la oportunidad de corregir su oferta económica, lo que era imposible por ley. Estamos ante una responsabilidad política del alcalde y sus concejalas, que solo reconocen las dos delegadas, que llegan a jugar con las cantidades que tendrán que pagarse como indemnización a la empresa que no resultó adjudicataria del servicio, cuando es el dinero de todos los algecireños y tendrá que decidirlo la justicia”, afirma el portavoz municipal socialista.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la sentencia que ratifica la adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Algeciras, deja claro que la propuesta de un precio por hora que presentó la empresa ADL, a la que se adjudicó el servicio de ayuda a domicilio, “se apartaba manifiestamente del precio alzado que establecía la cláusula cuarta del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” del concurso.
Dice algo más: “la Mesa carecía de atribuciones legales para subsanar el error que cometió ADL en su oferta económica”. El TSJA sostiene también en su sentencia que la irregular oferta económica no se trata “de un mero defecto u omisión en la documentación administrativa o solvencia técnica presentada por el licitante (…), sino de un error insubsanable porque afectaba directamente a la proposición económica y documentación cuantificable de forma automática, y por tal motivo la Mesa tendría que haber desechado el modelo presentado”.
“La responsabilidad política del alcalde es tan evidente como la de sus concejalas. Claro que es un error, un grave error más que cargar a las cuentas municipales, como el caso del parking La Escalinata, que impulsó Landaluce en 2000, en su primera época de gobierno, y por el que tendrán que afrontarse cantidades millonarias y daños urbanísticos de muy difícil reparación”, declara Fernando Silva.
“El PP ha demostrado sus preferencias por ADL en dos adjudicaciones, y la última de ellas en 2016 es bochornosa, utilizando una fórmula de cálculo económico singular, que obligó a la mesa a reunirse dos veces, y priorizando criterios subjetivos por encima de los económicos. ADL consiguió la adjudicación con la oferta más cara, y dejó el servicio siete meses después en manos de la otra empresa que se presentó al concurso. Todavía estamos esperando que el alcalde nos informe cuánto se les debe”, señala el portavoz municipal socialista.
